La financiación se destinará principalmente a sectores de elevada productividad con dificultades de acceso a recursos, vivienda asequible en alquiler, proyectos verdes y pequeñas y medianas empresas. Las operaciones se formalizarán en condiciones de mercado y, preferentemente, mediante fórmulas de cofinanciación con el sector privado. Como norma general, la participación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) será inferior al 50% del importe total.

El ICO deberá aprobar su Estrategia de Inversión en un plazo de treinta días, estableciendo los criterios y prioridades para canalizar estos recursos. Además, se crea una Comisión de Seguimiento, presidida por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, encargada de supervisar el desarrollo y la ejecución de las actuaciones previstas. La medida entró en vigor el 16 de julio de 2026 y busca movilizar inversión pública y privada hacia ámbitos estratégicos para el crecimiento económico, la sostenibilidad y la mejora del acceso a la vivienda.

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