El debilitamiento generalizado de la economía como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19 está ahondado, aún más, en el continuo y prolongado deterioro de la rentabilidad de las entidades financieras, como se pone de manifiesto en el peor comportamiento de la banca cotizada en sus respectivos índices bursátiles cuando se observa una serie temporal prolongada y apreciándose, hasta la fecha, una limitada capacidad de recuperación.

El nuevo escenario ha acentuado la incertidumbre de los accionistas acerca de la capacidad de generación de niveles de rentabilidad adecuados al riesgo que asumen con su inversión. Pero esta problemática, sin embargo, no es nueva: las valoraciones bancarias venían resintiendo los bajos niveles de rentabilidad mucho antes del estallido de la pandemia, fundamentalmente como consecuencia del entorno de bajos tipos de interés y los escasos niveles de eficiencia. Todo ello, a pesar del esfuerzo de las entidades por acelerar su transformación digital y los modos de relacionarse con sus clientes, lo cual conlleva también importantes inversiones que exigen asimismo transformar su proceso productivo.

A estas dificultades se suma ahora la duda acerca de los efectos del más que previsible deterioro de calidad de los activos bancarios; seguro -si atendemos a la probabilidad de su ocurrencia- aunque todavía incierto en cuanto a la intensidad del shock y el momento en que se producirá, como consecuencia de las ayudas prestadas por los gobiernos y las instituciones al tejido productivo y a los particulares.

No debemos perder de vista que nos encontramos ante una crisis sin precedentes, tanto por su magnitud como por la heterogeneidad de su alcance en sectores económicos y geografías. Así como, y no menos relevante, por su cambiante y abrupta evolución. Esta realidad no es, ni mucho menos, ajena a la banca que, como primer intermediario en la canalización financiera, aparece expuesta de manera igualmente asimétrica a la tenencia de carteras en territorios e industrias que serán más o menos vulnerables, más o menos resistentes, a las consecuencias económicas de la pandemia.

Por esta razón, resulta imperativo, tanto para la preservación de la estabilidad financiera por parte de los supervisores como para la gestión interna de las entidades, un nuevo modelo de generación de escenarios que permita anticipar la evolución de los balances bancarios y poner el foco de atención en la estimación de las pérdidas de la cartera crediticia. En los ejercicios supervisores desde una perspectiva más macro, pero en el caso de las entidades con una visión mucho más bottom-up sobre el comportamiento de los sectores y geografías donde se concentran sus carteras crediticias.

En esta misma línea se ha pronunciado, en repetidas ocasiones durante los últimos meses, Andrea Enria, actual presidente del Consejo de Supervisión del BCE. La última, en una entrevista en Financial Times realizada el pasado 3 de diciembre, en la que expresaba de nuevo su opinión respecto a la mejor posición de las entidades que están siendo más proactivas en la gestión de la crisis y que han reevaluado cada cliente de forma individual anticipando un potencial deterioro de su riesgo de crédito, frente a las que han realizado un ejercicio consistente en la dotación de un fondo genérico o, por supuesto, frente a un tercer grupo que han adoptado un criterio de «esperar y ver», grupo este último que se ha convertido en uno de sus principales focos de preocupación.

La singularidad de la crisis actual hace, por tanto, de la construcción de escenarios para la revisión de los modelos de riesgo adecuados a las características del negocio de cada entidad (tanto por la actividad sectorial de sus acreditados como por su localización geográfica) una tarea tan necesaria como compleja. A las dificultades relacionadas con la capacidad predictiva de riesgos de cola se suma la evaluación de la calidad crediticia de los prestatarios en el medio plazo y, por último, la integración de las medidas económicas, monetarias y fiscales puestas en marcha por las autoridades para minimizar el impacto financiero de la COVID-19; singularmente el establecimiento de moratorias legales y sectoriales y la concesión de préstamos con garantía pública.

En este sentido, los supervisores bancarios han venido desarrollando en los últimos meses una serie de ejercicios de sensibilidad a alto nivel conducentes, fundamentalmente, a anticipar el impacto de la pandemia en el coste del riesgo y la solvencia del conjunto del sistema financiero. De acuerdo con las últimas estimaciones realizadas por el BCE en su Financial Stability Review de noviembre, aunque se acredita el cumplimiento de los requerimientos de capital por parte de la mayoría de los bancos de la eurozona y, por tanto, que no hay no hay riesgo de inestabilidad financiera, las entidades que representan el 4% de los activos totales del sector bancario caerían por debajo de los umbrales del requerimiento de capital en sus previsiones centrales, porcentaje que se incrementaría hasta el 28% en el escenario más adverso.

El esfuerzo emprendido por parte del supervisor para aproximar la capacidad de resistencia a la crisis del sistema bancario, sumado a la carencia en su análisis de un detalle individual de cada entidad, pone el foco de atención en la relevancia que, todavía en el entorno de la COVID-19, tendrán los test de estrés de la EBA en 2021 y su contribución en la determinación del capital mínimo requerido a las entidades significativas.

Por último, cabe apuntar que la experiencia adquirida por los bancos y las autoridades reguladoras y de supervisión en la gestión de la pasada crisis financiera debería ser un revulsivo para superar las turbulencias actuales. La posición de la banca es hoy indiscutiblemente más sólida, con niveles de solvencia muy superiores. Su esfuerzo en la reducción de activos improductivos, y los procesos de concentración iniciados desde una perspectiva defensiva permiten pronosticar la sostenibilidad del conjunto de la industria. La capacidad para definir escenarios que anticipen el impacto del deterioro y las estrategias para su gestión son piezas clave para enfrentar los retos que atravesará el sector en los próximos años.

David Martínez-Bermejo es consultor del área de banca de Afi.

Jesús Morales es consultor del área de banca de Afi.