Según la doctrina tradicional, la asimetría de información existente en el negocio bancario, así como la complejidad de los productos y las dificultades para conocer los riesgos reales asumidos por las entidades en su política de gestión de activos, justifican una política de protección del consumidor que tiene varios componentes: los mecanismos de aseguramiento de los depósitos, una profusa regulación financiera, exigencias de transparencia en tipos de interés y comisiones, regulación específica para evitar prácticas abusivas, mecanismos de reclamaciones efectivos y, en algunos casos, códigos de buenas prácticas auspiciados y asumidos por la propia industria.