El pasado 29 de abril se aprobó la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo con un doble objetivo: reforzar el funcionamiento del sistema financiero español y de otros operadores económicos en estas materias e incorporar a la normativa española el contenido de la Directiva 2005/60/CE sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.