En octubre de 2007, la Comisión Europea (CE) inicióuna investigación detallada acerca de una disposiciónde la legislación española del Impuestosobre Sociedades1 debido a la sospecha de que otorgabauna ventaja a las empresas españolas quecompraran entidades extranjeras. La ley disponíaque una empresa española podía amortizar el fondode comercio financiero2 consecuencia de la adquisiciónde una participación de más del 5% deuna empresa extranjera durante los 20 años siguientesa la adquisición, como mínimo.