Afi · Evaluar para aprender, mejorar y avanzar en la rendición de cuentas y la transparencia (Empresa Global - nº253)

La evaluación de políticas públicas es una actividad institucional y política que tiene como finalidad ayudar a los responsables de las políticas a tomar decisiones aportando evidencias y conocimiento objetivo e independiente. Por lo tanto, sirve para aprender y para mejorar. También, y es algo muy relevante, sirve para informar a la ciudadanía de las acciones llevadas a cabo por el gobierno, y se convierte en un elemento más para la rendición de cuentas.

En los últimos años se ha producido un cierto impulso de la evaluación de políticas públicas. Básicamente, porque cada vez los gobiernos están bajo una mayor presión para demostrar que el uso de los recursos públicos y las decisiones que toman se traducen en resultados deseados, y para implementar políticas que realmente mejoren el bienestar de las personas (OECD, 2022, pág. 3). Esta presión proviene tanto de la ciudadanía, que demanda actuaciones eficaces, eficientes y transparentes de las administraciones, como de la propia estructura administrativa, que ha encontrado en la evaluación una herramienta que ha demostrado su utilidad en la mejora las políticas públicas. Y es que, como dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al aportar una comprensión objetiva de lo que funciona, por qué, para quién y en qué circunstancias, la evaluación de las políticas públicas proporciona pruebas cruciales a los responsables de la toma de decisiones y a los ciudadanos (OCDE, 2022, op.cit., pág. 3).

Pero el camino no ha sido fácil y, por supuesto, no se ha completado en su totalidad, ya que queda mucho trecho por recorrer para que la evaluación sea una práctica sistemática, frecuente y formalizada dentro de la actuación de la administración pública (institucionalización). Para ello es necesario un cambio organizativo y cultural que pasa por tres factores principales (OCDE, 2022, op. cit., pág.3).

• Impulsar la realización de evaluaciones por parte de los poderes públicos, incorporándola a la actividad cotidiana de la administración, en todos los niveles. Es decir, hacer evaluaciones.
• Reforzar la calidad de las evaluaciones. Esto se logra con metodologías, formación y planificación sistemática de las evaluaciones.
• Utilizar los resultados de las evaluaciones en los procesos de toma de decisiones y haciendo públicos sus resultados.

En España, en el ámbito de la Administración General del Estado, tradicionalmente, la realización de evaluaciones era una actividad aislada, dependiente de liderazgos comprometidos o el cumplimiento de una obligación legal (básicamente, proveniente de la Unión Europea). Aunque existían numerosas unidades que hacen evaluaciones de calidad, no existía una acción coordinada y sistemática, ni una planificación estratégica sobre la realización de evaluaciones.

En 2022 la aprobación de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, sienta las bases para cumplir las tres condiciones descritas para la institucionalización de la evaluación:

• Define un sistema público de evaluación. Es un modelo para institucionalizar la evaluación como herramienta de aprendizaje colectivo y organizativo, de mejora del servicio público y de rendición de cuentas y transparencia, que contribuya a la eficacia y eficiencia de la acción pública.
• Define los elementos mínimos del sistema, desde la planificación de las políticas públicas hasta la valoración de sus resultados. De este sistema forman parte tanto la organización institucional de la evaluación en la Administración General del Estado como las medidas destinadas a la formalización y sistematización de las prácticas de evaluación. La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas asegurará la coordinación, supervisión y acompañamiento de todos los elementos del sistema.
• Estimula la práctica sistemática de la evaluación (planificación estable y obligaciones de evaluación) y de su calidad (elaboración de guías, formación y colaboración entre administraciones). En este sentido, prevé la planificación de evaluaciones estratégicas del Gobierno cada cuatro años y un plan de evaluaciones de los Ministerios cada dos.
• Promueve la utilización de los resultados de las evaluaciones respetando el papel del decisor político. Los responsables deben explicar por qué no ponen en marcha las recomendaciones.
• Prevé la información anual a las Cortes Generales sobre el progreso en este impulso y la publicación de todos los informes de evaluación (transparencia).

Aunque la existencia de una ley es un apoyo indudable a la institucionalización de la evaluación, lo cierto que es que, como se suele decir, es una condición necesaria pero no suficiente. Esto significa que, para lograr los objetivos planteados, es necesario que, además, se den otros requisitos:

• Lo primero, el apoyo sostenido desde el Gobierno. Sin el liderazgo decidido de las más altas instancias no se avanza en la extensión de la evaluación y en la utilización de sus resultados.
• En segundo lugar, que se opere el cambio en la cultura administrativa necesario para apoyar la evaluación. Para ello es clave la colaboración de todos los implicados.
• En tercer lugar, que facilite la formación a las empleadas y empleados públicos implicados en procesos de evaluación. No necesaria o únicamente para que hagan evaluaciones, sino para que las promuevan, las sepan gestionar y utilicen sus resultados.

Es una labor a la que pueden contribuir todas y todos. De hecho, una de las cuestiones reguladas en la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, es la garantía de que los actores implicados en las políticas participen en el proceso evaluador, lo que añade legitimidad al resultado.

En definitiva, la integración efectiva de la evaluación en las administraciones requiere impulso político, cambio cultural y práctica sistemática. Y solo cuando se consiga podremos dar visibilidad completa al valor público de la evaluación de políticas públicas como instrumento de mejora de la acción pública, de la calidad democrática, de la sociedad y ciudadanía.

Utilidades de la evaluación de políticas públicas

Fuente: Elaboración propia

Referencias:
Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. (21 de diciembre de 2022). Boletín Oficial del Estado(305), págs. 178598-178619. Obtenido de https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21677.pdf
OECD. (2022). Recomendación del Consejo sobre la evaluación de políticas públicas. OCDE/LEGAL/0478. Paris. Obtenido de https://legalinstruments.oecd.org/api/download/?uri=/public/72349178-0702-415d-8043-70ddc7a20e4d.pdf

María José Gómez, directora del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas