Durante las últimas décadas, las finanzas públicas han estado guiadas por el debate de la estabilidad en términos absolutos, ¿cuánto puede gastar el sector público sin comprometer su sostenibilidad?, condicionando buena parte de la arquitectura fiscal en Europa y en España. Sin embargo, la respuesta a esa pregunta resulta hoy insuficiente. La emergencia de nuevas prioridades geoestratégicas y la absorción de recursos crecientes para financiar la deuda y el gasto social, está desplazando progresivamente el foco hacia una cuestión distinta: ¿cómo gastar mejor?

Una perspectiva histórica: de la disciplina a la asignación

La consolidación del marco de estabilidad presupuestaria en España y en la Unión Europea responde a una lógica bien conocida: garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante reglas que limiten el déficit y la deuda. Durante más de tres décadas, este enfoque ha contribuido a anclar expectativas y a dotar de credibilidad a la política fiscal, especialmente en economías descentralizadas como la española, donde la coordinación interadministrativa añade complejidad al sistema.

De hecho, en nuestro país continúa siendo una restricción de primer orden a tener muy en cuenta en cualquier reforma hacia un nuevo sistema de financiación autonómica, para avanzar en la autonomía fiscal o para desarrollar modelos de colaboración público-privada. La disponibilidad de recursos, su distribución entre niveles de gobierno y los mecanismos de financiación han sido, y siguen siendo, determinantes para entender qué políticas públicas se implementan y con qué intensidad.

No obstante, este énfasis en la disciplina y en la disponibilidad de recursos ha dejado en un segundo plano una dimensión igualmente relevante: la calidad del gasto.

A partir de la década de 2010, y especialmente tras la crisis financiera, emerge con más fuerza una agenda complementaria centrada en la modernización del sector público. La digitalización, la transparencia, los datos abiertos o el desarrollo de capacidades de evaluación de políticas públicas introducen nuevos instrumentos para mejorar la toma de decisiones. El foco se ha ido desplazando, tal vez más lentamente de lo deseable, desde el control del crecimiento del gasto hacia indicadores que midan la eficacia de la gestión.

El presente: más recursos, más restricciones, más exigencia

La Comisión Europea está impulsando este cambio de enfoque y el caso más paradigmático ha sido la respuesta europea a la pandemia. El despliegue de los fondos Next Generation EU ha supuesto una inyección sin precedentes de recursos públicos, pero también un cambio cualitativo en la forma de concebir la política fiscal. Por primera vez, el acceso a financiación a gran escala se vincula de forma explícita a reformas, hitos y objetivos, y a la vertebración de prioridades estratégicas transversales, como la transición ecológica o la digitalización.

No obstante, este nuevo marco no evita que haya que atenuar tensiones que lejos de corregirse, se han agudizado en la actual coyuntura.

En primer lugar, la coexistencia de una elevada deuda pública con la demanda generalizada de mayores niveles de inversión. La reactivación de las reglas fiscales europeas recién reformadas refuerza la disciplina presupuestaria en un contexto en el que las necesidades de gasto estructural en sostenibilidad, tecnología, defensa, envejecimiento o cohesión social no dejan de crecer.

En segundo lugar, la creciente complejidad de la asignación del gasto. Las prioridades ya no se definen únicamente en términos sectoriales, sino también en función de su contribución a objetivos transversales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la igualdad de género.

En tercer lugar, la exigencia de resultados. Más allá de la condicionalidad que va a estar asociada a una parte de los presupuestos públicos nacionales y europeos, la ciudadanía es cada vez más crítica con la gestión política y demanda un mayor compromiso con la rendición de cuentas y el desarrollo de marcos de evaluación más robustos. El liderazgo de Airef a través de los programas de revisión del gasto público o la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas deberían servir de catalizadores para consolidar buenas prácticas en la sostenibilidad de las finanzas públicas. El principal objetivo es que la evaluación de políticas públicas deje de ser un ejercicio accesorio para convertirse en un elemento central del ciclo presupuestario.

Mirando al futuro: hacia unas finanzas públicas orientadas a resultados

El protagonismo de los presupuestos públicos en las economías desarrolladas ha sido creciente a lo largo de este siglo y Afi Insights quiere servir también de laboratorio de ideas para la integración de la disciplina fiscal y la calidad del gasto. Y, sin lugar a dudas, este proceso requiere algunas transformaciones relevantes en las políticas públicas a las que no seremos ajenos desde Afi.

La primera es el refuerzo de la evaluación basada en evidencia. La disponibilidad de datos, el desarrollo de metodologías más avanzadas y la institucionalización de la evaluación permitirán identificar qué políticas funcionan, en qué condiciones y con qué coste. En un contexto de recursos limitados cada partida de gasto deberá justificar su contribución a los objetivos públicos.

La segunda es el desarrollo de nuevos instrumentos para la financiación de políticas públicas. Más allá de las fórmulas tradicionales, los instrumentos financieros (préstamos, garantías, participación en el capital, etc.), o con una combinación adecuada de ayudas reembolsables y subvenciones, se pueden estructurar alternativas para movilizar recursos privados y maximizar el efecto multiplicador del gasto público mitigando riesgos a los proyectos. El diseño y puesta en marcha de los instrumentos públicos, obliga a la administración a modificar sus procedimientos, a incorporar capacidades técnicas específicas y marcos de gobernanza adecuados, pero, sobre todo, a crear canales de colaboración continuos con agentes económicos privados alineados con la consecución de los objetivos de las políticas públicas.

La tercera es la evolución del propio marco fiscal. Las reglas del futuro deberán ser capaces de combinar credibilidad y flexibilidad, incorporando las mediciones de eficacia y eficiencia del gasto como paso previo a la profundización en una determinada política y exigiendo reformas que mejoren sus resultados e impactos, como única vía para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo. Esto exigirá avanzar hacia enfoques donde la calidad del gasto, y no solo su volumen o su composición, se convierta en un criterio central de la disciplina fiscal.

Conclusión

En este nuevo escenario, la agenda de las finanzas públicas se amplía. Ya no es suficiente con garantizar la estabilidad presupuestaria; es necesario asegurar que el gasto público sea eficaz, eficiente y alineado con las prioridades estratégicas. Esto exige herramientas presupuestarias más sofisticadas, capaces de integrar múltiples dimensiones en la toma de decisiones. Aunque el reto es mayúsculo, la incorporación de la tecnología debería facilitar el análisis masivo de información que esta transformación requiere y la ganancia de eficiencia por la automatización de muchos procesos.

Precisamente en este cruce entre disciplina, asignación y resultados se sitúa la nueva etapa que se abre.

Afi Insights dedicará un espacio para analizar estas tendencias en la modernización de la gestión del gasto público: desde el análisis del marco fiscal europeo y sus implicaciones, hasta el desarrollo de herramientas de evaluación de políticas públicas, pasando por el diseño de instrumentos financieros innovadores, la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión pública o la medición del impacto del gasto en ámbitos como la sostenibilidad o la igualdad.