Andorra era uno de los pocos Estados de Europa que reconocía el secreto bancario en su legislación. No obstante, y aunque ya se habían producido contactos entre el Ministerio de Economía y Hacienda y las autoridades andorranas, fue a raíz de los trabajos emprendidos por el G-20 cuando Andorra asumió el compromiso de adaptar su legislación a los estándares actuales de la OCDE en materia de intercambio de información.