El texto plantea medidas coyunturales y estructurales para reforzar la protección de los inquilinos, estabilizar los contratos y ampliar el parque público de vivienda. Entre las principales actuaciones destacan la suspensión de desahucios de personas vulnerables hasta 2030, prórrogas contractuales de hasta dos años y límites a la actualización de rentas hasta 2027. También se regulan los alquileres temporales y por habitaciones y se establecen restricciones para determinadas compras con grandes descuentos.

La norma introduce además el concepto de “alquiler asequible”, definido como aquel cuyo coste, incluidos los gastos asociados, no supera el 30% de la renta mediana de la unidad de convivencia habitual del municipio. Asimismo, las administraciones deberán ofrecer alternativas habitacionales y compensaciones a los arrendadores, aunque quedan excluidos determinados compradores de activos adquiridos por debajo del 70% de su valor de tasación.