La respuesta de la Unión Europea a la crisis provocada por la COVID-19, articulada en torno al instrumento Next Generation EU (NGEU), ha supuesto una oportunidad sin precedentes para reorientar las finanzas públicas hacia objetivos estratégicos de transformación económica y social. España, como uno de los principales beneficiarios del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), ha desplegado un volumen de recursos sin parangón reciente, canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Ahora, al acercarse el horizonte de ejecución de estos fondos, surge una cuestión clave: ¿cómo garantizar que el impulso transformador del PRTR se traduzca en una inversión estructural sostenida y sostenible?

El despliegue del PRTR se prevé que permita avanzar en ámbitos cruciales como la digitalización de la administración y el tejido productivo, la transición ecológica, la formación de capital humano y la mejora de la cohesión territorial. No obstante, estos avances corren el riesgo de diluirse si no se consolidan institucionalmente y se integran en una planificación de medio y largo plazo. La inversión pública no puede seguir anclada en una lógica marcadamente cíclica o dependiente de ventanas extraordinarias de financiación. La transición hacia una política de inversión estructural requiere repensar tanto el diseño institucional como el marco presupuestario en el que esta se inscribe. En este sentido, el nuevo marco fiscal europeo, aprobado en 2024, plantea retos significativos. La reintroducción de reglas fiscales obliga a los Estados miembros a diseñar sendas de ajuste fiscal creíbles y sostenidas, pero también les exige preservar un nivel adecuado de inversión pública. España deberá, por tanto, combinar la disciplina fiscal con la necesidad de consolidar la inversión transformadora iniciada con el PRTR (si es que las reglas fiscales tal y como están previstas llegan a aplicarse tras la repriorización hacia el gasto en defensa y la guerra comercial). Para ello, será necesario reforzar los mecanismos de planificación plurianual, mejorar la calidad de la inversión mediante evaluaciones ex ante y ex post, y avanzar en la presupuestación orientada a resultados.

Un elemento central será la capacidad de movilizar financiación nacional para complementar ¿y eventualmente sustituir¿ los recursos europeos. Esto exige revisar las prioridades del gasto público y reforzar los ingresos estructurales. Al mismo tiempo, resulta imprescindible mantener la coherencia con los objetivos de transición verde y digital, garantizando que la inversión estructural no se limite a reproducir inercias, sino que contribuya a un cambio de modelo productivo más resiliente e inclusivo.

El legado del PRTR no debería medirse únicamente por su nivel de ejecución, sino por su capacidad de transformar la forma en que el sector público planifica, ejecuta y evalúa las inversiones. De hecho, los planes de evaluación del PRTR ya contemplan indicadores destinados a medir estos cambios estructurales, incluyendo el fortalecimiento institucional, la integración de objetivos estratégicos en el ciclo presupuestario y la mejora de los sistemas de gestión y control. Conseguir que esto cristalice dependerá de si somos capaces de institucionalizar aprendizajes, profesionalizar la gestión de proyectos y fortalecer la gobernanza fiscal e inversora. Solo así podrá evitarse que esta "década de oportunidad" se convierta en una ocasión perdida y, en cambio, se afiance un modelo de inversión pública inteligente, estable y estratégica para las próximas generaciones.

Carmen López es socia de Afi