Desde el Protocolo de Kioto (1997), primer y, de momento, único instrumento jurídicamente vinculante a escala mundial para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), la Unión Europea (UE) ha exhibido la voluntad de servir de referencia en la lucha contra el cambio climático. En 2012, las emisiones de la UE se habían reducido un 11,8% en relación a las emisiones de los años de referencia, básicamente 1990, por encima del objetivo del 8% fijado en el Protocolo. En 2020, la UE habrá cumplido holgadamente los objetivos 20-20-20 fijados en 2008 (porcentajes respectivamente de reducción de emisiones con respecto a 1990, cuota de energías renovables, y mejora de la eficiencia energética). El balance de emisiones en el período en casi tres décadas (1990-2018) es alentador: en la UE, las emisiones se han reducido un 23% con un crecimiento del PIB del 61%.

El 28 de noviembre de 2019, el Parlamento Europeo declaró la emergencia climática. En consecuencia, la Comisión Europea (CE) debe alinear todas sus propuestas con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C y garantizar que las emisiones GEI se reduzcan significativamente.

En diciembre de 2019, la CE presentó el Pacto Verde Europeo como hoja de ruta para una Europa sostenible en 2050, con una transición justa e integradora. El Plan describe las inversiones necesarias y los instrumentos de financiación disponibles mediante la atracción de al menos un billón de euros de inversión pública y privada durante la próxima década.

El Pacto Verde Europeo como estrategia de recuperación de la UE actúa en cuatro frentes:

1. Renovación de nuestros edificios e infraestructura y una economía más circular, generando empleos locales;
2. Desarrollo de proyectos de energía renovable, especialmente eólica y solar y puesta en marcha una economía limpia de hidrógeno en Europa;
3. Transporte y logística más limpios, incluida la instalación de un millón de puntos de carga para vehículos eléctricos y un impulso para los viajes en tren y la movilidad limpia en nuestras ciudades y regiones;
4. Fortalecimiento del Fondo de Transición Justa para apoyar la recapacitación, ayudando a las empresas a crear nuevas oportunidades económicas.

Adicionalmente, la CE propuso en marzo 2020 que el 25% del presupuesto 2021-2027 de la UE se utilice para la acción climática, incluidos especialmente mecanismos de transición justa.

Crisis de la COVID-19

En este contexto de compromiso con el clima, ha irrumpido la COVID-19 con una crisis cuyos efectos económicos inmediatos en la UE superarán ampliamente los sufridos en 2009. La CE ha asumido que su respuesta contundente ante esta crisis se mantendrá bajo la guía de un futuro sostenible coherente con los objetivos a largo plazo de la UE: (i) lucha contra el cambio climático definida en el Pacto Verde Europeo, (ii) fortalecimiento y digitalización del Mercado Único, y (iii) recuperación justa e inclusiva.

La propuesta de plan de recuperación de la CE contra los efectos de la pandemia se ha concretado en un nuevo instrumento, Next Generation EU, con un presupuesto de 750.000 millones de euros, que serán captados en los mercados financieros por la CE con el respaldo de su calificación crediticia, y se invertirán en tres ámbitos:

1. Apoyo a los Estados miembros para inversiones y reformas
2. Impulso al emprendimiento a través de incentivos a la inversión privada
3. Aplicación de las lecciones de la crisis en materia sanitaria y social

Las menores emisiones que han traído el confinamiento contra la COVID-19 (en abril-mayo ha caído un 22% el precio de los derechos de emisión de CO2 en relación al mismo período de 2019) han permitido vislumbrar la magnitud de la transformación productiva y social que exige el objetivo de una economía neutra de emisiones en 2050.

La disponibilidad de recursos financieros es condición necesaria pero no suficiente para tomar medidas a favor de clima. Otro elemento a tener en cuenta es que no todo han sido éxitos en la lucha contra el cambio climático. La CE reconoce que su estrategia contra la deforestación global, como uno de los elementos para preservar la biodiversidad, ha quedado lejos de alcanzar sus objetivos. Las causas están identificadas, y se asocian al recurso a medidas de carácter voluntario que apelan a la concienciación de los consumidores, premisas que han resultado insuficientes. Igualmente, las empresas no pueden asumir por si solas los costes de la trazabilidad para evitar materias primas que procedan de explotaciones no sostenibles.

El riesgo de contestación social ante medidas impopulares, o la pérdida de competitividad de determinados sectores, pueden frenar la actuación de los gobiernos, que en última instancia están condicionados por su legítimo deseo de ser reelegidos.

Participación ciudadana

Las protestas de los «chalecos amarillos» iniciadas en noviembre de 2018 en París contra la subida del precio del gasóleo fueron una advertencia a los gobiernos del riesgo de actuaciones verdes sin el acompañamiento de medidas paliativas para los colectivos más vulnerables. La respuesta del presidente Macron fue la creación en abril de 2019 de la Convención Ciudadana por el Clima (CCC), con el mandato de definir, con el uso de la inteligencia colectiva, una serie de medidas para conseguir la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 40% hasta 2030, sobre la referencia de 1990, y con un espíritu de justicia social. La CCC se compone de 150 ciudadanos elegidos al azar y representativos del conjunto de la población francesa, y cuyas recomendaciones no estarán supeditadas por objetivos electorales. Tras informarse, reflexionar y debatir durante más de ocho meses, la CCC ha hecho públicas sus propuestas, estructuradas en cinco temáticas: movilidad, consumo, alojamiento, modos de producción y trabajo, y alimentación.

Algunas de las medidas sugeridas por la CCC han sido calificadas de radicales o ambiciosas; entre ellas, la limitación de la velocidad a 110 km/h, generalizar los carriles reservados a vehículos compartidos y transporte público en autovías y autopistas, prohibir el centro de las ciudades a vehículos emisores, renegociar el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá, y la renovación energética obligatoria de los edificios hasta 2040.

En el ámbito financiero, la CCC propone que las empresas que distribuyen más de 10 millones de euros de dividendos anuales contribuyan a la transformación de los sistemas de producción con una aportación equivalente al 4% de los dividendos, y con un 2%, aquellas empresas con dividendos menores de 10 millones de euros.

En la misma línea que la CCC, la CE anunció, en marzo de 2020, la iniciativa de un Pacto Europeo por el Clima (PEC) para dar voz y cometido a los ciudadanos en el diseño y difusión de medidas concretas para reducir emisiones. Sin ser todavía mucho más que un enunciado, el PEC confirma la necesidad de que cualquier actuación cuente con un amplio respaldo social.

Arturo Rojas es socio del área de Corporate Finance de Afi.