EN EL ÉXITO DE LA TRANSICIÓN a la fase final de la UEM, el papel del Eurosistema (el BCE más los bancos centrales de los 12 países que han adoptado el euro) ha sido determinante. Desde la preparación del nacimiento formal del euro, el 1 de enero de 1999, hasta la definitiva introducción de los billetes y monedas, han mediado una serie de tareas técnicamente complejas, de instrumentación difícil no sólo por la ausencia de precedentes, sino igualmente por el número relativamente amplio y la heterogeneidad de las economías que accedieron a esa tercera etapa. El amplio reconocimiento del correcto desempeño de esas tareas probablemente no sería el mismo respecto de la primera de las funciones que le asigna el Tratado de la Unión y su propio estatuto: la definición y ejecución de la política monetaria de la zona euro.

La entrada en circulación de los billetes y monedas de euro tiene lugar en un contexto económico que no es el más favorable; tampoco es el que previó el BCE, que contaba con una cierta capacidad de inmunización de la zona frente a la temida desaceleración estadounidense. La realidad, incluso desde meses antes del 11 de septiembre, demostró que la correlación entre ambos ciclos económicos era superior a la estimada, y mucho más amplios y fluidos los canales de transmisión de aquella recesión. Hasta hace poco, el BCE consideraba mayores los riesgos de elevación de la inflación en la zona que los asociados al estancamiento de sus economías, y sobre esa convicción se asentó la dirección de una política monetaria más restrictiva que la definida por el resto de los bancos centrales de las economías avanzadas. En un diagnóstico tal, las dificultades estadísticas propias del rodaje de esta institución, o las distorsiones incorporadas en algún indicador relevante (el agregado monetario M3, de forma particular) han podido jugar un papel importante, al igual que el menos comprensible empeño en hacer valer su independencia, en ningún momento cuestionada.

La tardanza en reaccionar a esos avisos desaceleradores puede estar manifestándose ya en algunas economías, al tiempo que la estabilidad de precios puede verse perturbada en dirección contraria a la temida por el BCE. Alemania, representativa del 30% de la capacidad de producción de la zona, se ha incorporado al cuadro recesivo que exhiben EE UU y Japón, al tiempo que las restantes economías de la eurozona han revisado significativamente a la baja sus previsiones de crecimiento para el año en curso. La tasa de crecimiento interanual de los precios al consumo en el promedio del área caerá en los próximos meses por debajo de ese límite del 2%, fijado por el propio BCE hace más de tres años; en alguna de las economías centrales, los riesgos están más próximos a la incursión en un cuadro de deflación que a la no más severa inflación. En general, la zona euro precisa de estímulos monetarios adicionales, reducciones de tipos de interés que, sin menoscabo de su desigual impacto, fortalezcan cuando menos la hoy deteriorada confianza de los agentes económicos y favorezcan la recuperación de la inversión. Si así fuera, los Gobiernos mantendrían menos incentivos a utilizar (o directamente, menos necesidad de hacerlo) el presupuesto como neutralizador de las amenazas recesivas.

Es perfectamente legítimo que el BCE ejerza un estrecho escrutinio de las políticas económicas de los Gobiernos y recomiende públicamente las reformas que estime convenientes, pero el grado y ritmo con que aquéllos concreten sus sugerencias en modo alguno debe constituir la única justificación de las decisiones de política monetaria del banco central. La mejora de sus herramientas analíticas, la revisión del grado de significación de sus dos pilares en los que fundamenta sus decisiones y la inteligente interpretación de la autonomía son prioridades absolutamente complementarias con el objetivo de estabilidad de precios. Como éste lo es con la evitación de pérdidas de bienestar de los ciudadanos a los que ha de servir esa institución.