La evaluación económica de proyectos de inversión y de políticas públicas
forma parte del mínimo rigor con que debería conducirse la acción política.
Ambas utilidades son las que aporta el Análisis Coste-Beneficio. No es la
sustitución de la elección pública lo que permite esa herramienta, sino
facilitarla, determinando la idoneidad de determinadas acciones o proyectos
públicos (independientemente de que los acometa el propio sector público o
el sector privado), mediante la cuantificación de los diferentes factores
positivos y negativos e, incluso, la del resultado. Trata, en definitiva, de
reproducir a escala social el comportamiento racional de un agente privado
cuando sopesa las ventajas e inconvenientes de una acción no trivial.
La
misma racionalidad y búsqueda de la eficiencia que subyace en la utilización
de tales técnicas por la empresa privada son vigentes en las decisiones
públicas. El soporte analítico que trata de evaluar ex ante la viabilidad de
un proyecto o decisión empresarial es igualmente válido para las acciones
públicas, con la diferencia, no poco importante, de que el fin en este
último caso ha de ser el aumento del bienestar social. A diferencia del
análisis de proyectos privados, la comparación relevante no es entre
ingresos con costes, sino beneficios sociales con costes de la misma
naturaleza: todos los efectos significativos, con independencia de a quiénes
beneficien o perjudiquen.
La construcción de infraestructuras básicas, las políticas
medioambientales, la alteración de impuestos o de subvenciones o la
privatización de una empresa, formarían parte de proyectos y políticas que
siguen otorgando vigencia a una herramienta en modo alguno nueva, pero que
se ha visto reforzada metodológicamente en los últimos años.
Un reflejo de esos avances se contiene en el libro de Ginés de Rus,
catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria. No es éste el primer libro de análisis coste-beneficio que se
publica en España (el autor da cumplida cuenta de antecedentes relevantes
dentro y fuera de nuestro país) , pero sí es el que probablemente dispone de
un alcance más amplio y el que, teniendo una completa vigencia, está
destinado a un público también más diverso, decisores públicos incluidos.
Se trata de la segunda edición, notablemente revisada y ampliada, del
que tanta aceptación tuvo en 2001. La primera parte ofrece los fundamentos
teóricos, métodos e instrumentos que permiten el análisis de proyectos de
inversión y la valoración de políticas públicas. Lo hace sin sacrificar la
orientación fundamentalmente aplicada que preside el conjunto de la obra.
Los cuatro capítulos finales abordan casos tan concretos como
relevantes para la economía española. La aplicación a la privatización de
empresas públicas, con especial referencia al transporte público de
autobuses en España es el primero de ellos. Le sigue el correspondiente al
sector turístico, objeto de otros trabajos del autor, con consideraciones de
gran vigencia, a tenor de la madurez en la que está inmerso ese sector en
nuestro país. El capítulo dedicado a la construcción de infraestructuras se
aplica al análisis de la inversión en el tren de alta velocidad (AVE), con
conclusiones no menos significativas. Cierra el libro un capítulo destinado
a dos aspectos ciertamente claves en la regulación de la participación
privada en proyectos públicos, el sistema concesional y la regulación de
precios.
Una obra cuya indudable utilidad no puede disociarse de su rabiosa
vigencia en un país con un Gobierno recién estrenado, cuyo partido hizo de
la evaluación de las políticas públicas y de la transparencia y rigor de las
decisiones de inversión uno de sus principales argumentos. Una ocasión, en
definitiva, para esmerar la aplicación de esas herramientas, conviniendo en
que hacerlo es, en todo caso, un esfuerzo con beneficios superiores a sus
costes.