La medida menos inequívoca de esto último la aporta la renta por habitante, referencia básica de la denominada convergencia real, determinada por el grado de utilización de los factores (básicamente trabajo y capital), y por la eficiencia con que se usan, medida por la productividad de esos factores. A su vez, esa última depende muy estrecha y positivamente de la cantidad y calidad del capital (físico, tecnológico y humano) de que disponga cada economía. Y, al menos en su formación, una parte significativa de ese capital es necesariamente público. Si un Gobierno quiere aumentar la renta por habitante ha de hacerlo con la asignación de recursos a esos tres capítulos; y si las condiciones de financiación lo permiten, ha de hacerlo mejor antes que después.

La denominada 'regla de oro' de la Hacienda pública, también de las finanzas privadas, nos dice que el endeudamiento está justificado siempre que la rentabilidad de la inversión a la que se destina supere el coste del mismo; haciéndolo así se aprovecharán las posibilidades de anticipación del crecimiento, de convergencia real. La autoimposición de una severa restricción, como la constituida por el déficit cero de la Ley de Estabilidad Presupuestaria española, sólo se entendería si todas nuestras necesidades de capitalización estuvieran resueltas o los costes de financiación que exigen los mercados de deuda pública fueran prohibitivos. Sigo dejando a un lado otro tipo de consideraciones que podrían aconsejar el endeudamiento público, como la neutralización de amenazas recesivas: las denominadas actuaciones anticíclicas, que también algunos economistas consideran pertinentes, especialmente en circunstancias como las actuales. De la relación entre el crecimiento de la inversión pública y el de la inflación en España tampoco es fácil deducir una relación que disuada precisamente la mejora en última instancia de competitividad a través del fortalecimiento del grado de capitalización de la economía. Los últimos indicadores de convergencia real que el Banco de España nos ofrece en su página web son suficientemente explícitos acerca de las necesidades de inversión de nuestra economía. Todavía con una renta por habitante del 83,5% del promedio de la UE, el stock de capital público en relación a la población es del 67,5% del promedio europeo; el de capital humano, del 71,7%, y el de capital tecnológico, del 40,8%; la relación entre el gasto en I+D y nuestro PIB se sitúa en el 57% de la media de Europa, y el gasto público en educación, en el 71%. Cundo ese contraste con el promedio de Europa se particulariza en los indicadores más relevantes de tecnologías de la comunicación y telecomunicaciones, fundamento de la transición a la sociedad del conocimiento y del crecimiento de la productividad de las economías más avanzadas, los resultados no son menos decepcionantes. Se trata, en definitiva, de resultados que invitan a considerar seriamente las posibilidades de ese endeudamiento inteligente, de forma similar a como lo haría el empresario responsable con la continuidad y el fortalecimiento competitivo de su empresa: preservando la regla de oro y las reglas europeas.

Los mercados de deuda pública hoy ofrecen los más bajos tipos de interés a largo plazo en muchas décadas: para España, del 4,5% aproximadamente para emisiones con vencimiento a diez años. Ocurre, además, que esos mercados no están penalizando precisamente a aquellos países con un déficit público superior al nuestro: EE UU, Alemania o Francia siguen disfrutando de tipos de interés significativamente inferiores a los nuestros, coexistiendo con un tipo de cambio del euro (la otra consideración del endeudamiento responsable) más estable que en periodos anteriores.

Razones hay, por tanto, para conducir las finanzas públicas prestando más atención a las posibilidades de anticipar bienestar que a las servidumbres de la numerología. El necesario saneamiento a medio plazo de las finanzas públicas pasa por crecer más y mejor.