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Ampliación ignota

EMILIO ONTIVEROS


España sigue siendo el principal receptor de fondos comunitarios: estructurales y los derivados de la Política Agrícola Común (PAC)

Los ciudadanos españoles son, según el último Eurobarómetro, los europeos que más apoyo otorgan a la ampliación de la UE: un 73% se muestra decididamente partidario de la misma, al tiempo que solo un 4% se manifiesta contrario a cualquier tipo de ampliación. ¿Expresión de generosa solidaridad con las poblaciones de los diez países recientemente aceptados, valoración optimista del impacto sobre la economía española o falta de información sobre las verdaderas implicaciones de la ampliación? Probablemente de todo un poco, pero de la atenta lectura de esa encuesta de la UE (realizada entre el 11 y el 21 del pasado septiembre) cabe deducir que el peso de la tercera razón puede ser superior al de las otras dos.

De los españoles entrevistados, un 31% no había oído hablar de la ampliación de la Unión Europea antes de que les entrevistaran; un 69% fue incapaz de citar al menos uno de los países candidatos y menos del 20% acertó a señalar el año 2004 como el de culminación de ese proceso, al tiempo que el porcentaje de españoles manifestando directamente el desconocimiento en esta cuestión es el mas elevado de los registrados.

Esa insuficiente información sobre lo que sin duda será una de las decisiones más importantes de la historia comunitaria cuestiona, en primer lugar, la eficacia de la presidencia española (concluida dos meses antes de que realizara esa encuesta) para extender el conocimiento de la propia dinámica de integración europea. En segundo lugar, confirma la presunción de que no existe una correspondencia estrecha entre el importante grado de apertura al exterior de nuestra economía y la capacidad de anticipación por sus agentes de episodios que pueden condicionarla seriamente en el futuro. Pone en solfa, en definitiva, la retórica europeísta en la que se amparan algunas decisiones de política económica.

Es un hecho que la economía española se verá afectada por la incorporación de los diez países seleccionados en dos aspectos fundamentales: en la continuidad de las ayudas que ha venido percibiendo España de la UE y en la más difícil de cuantificar, pero no menos significativa, amenaza competitiva que las ventajas en costes de esos países pueden ejercer sobre algunos sectores productivos españoles. La entrada en la UE de economías con un nivel de renta por habitante muy por debajo de la media comunitaria ( y significativamente inferior al nuestro) y un peso específico del sector primario superior al promedio en algunas de ellas, determinará una redistribución de las asignaciones del presupuesto comunitario.

Recordemos que España sigue siendo el principal receptor de fondos comunitarios por todos los conceptos: el primero en fondos estructurales y el segundo en los derivados de la Política Agrícola Común (PAC) y que, en ausencia del improbable aumento del presupuesto comunitario, esos fondos pasarán a ser compartidos con los nuevos miembros.

Tan relevante o más que la reducción de esa importante fuente de ingresos pueden ser las consecuencias sobre aquellos sectores más intensivos en factor trabajo, en los que los nuevos entrantes puedan exhibir sus costes más bajos. Incluso en sectores en los que la modernización productiva ha sido un hecho, como el del automóvil, la industria española empieza a percibir serias advertencias deslocalizadoras a favor de algunos de esos nuevos miembros, más baratos y más próximos a los grandes mercados.

La única respuesta válida frente a esas, ya no tan lejanas, amenazas, es el aumento de la eficiencia, de la productividad, no sólo en los sectores más vulnerables, sino en el conjunto de la economía. Y ello exige inversión: fortalecimiento de la base de capital (físico, tecnológico y humano) de nuestra economía. Ni la privada (manifiestamente decreciente, excluida la construcción, en los dos últimos años) , ni la de naturaleza pública, parecen haber reaccionado a esa inmediata alteración en la morfología europea y a un entorno excepcionalmente propicio al endeudamiento.



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