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La red, la extensión de la conectividad que propicia
entre distintos agentes, dota al proceso de globalización de
un poderoso mecanismo para superar las restricciones
geográficas que se suponían implícitas a esa dinámica de
unificación del espacio económico y financiero internacional.
De su creciente ubicuidad, de la extensión de sus aplicaciones
y su fácil y barata permeabilidad geográfica, se derivan
implicaciones cuyo alcance apenas se ha podido anticipar.
Algunas de ellas pueden condicionar aspectos básicos del
sistema económico, como es el grado de competencia en
determinados mercados, la fiscalidad de las transacciones que
se llevan a cabo en la red o la preservación de los derechos
de propiedad. Como ya ocurriera con otras discontinuidades
tecnológicas, el ritmo al que está teniendo lugar la
transición a la sociedad de la información está siendo mucho
más rápido que la disposición de respuestas para esos nuevos
retos y problemas que se plantean. Son problemas, algunos de
ellos, que ya se habían puesto de manifiesto antes de la
emergencia de la red, con ocasión del avance de los procesos
de liberalización y desregulación comercial y financiera de la
pasada década, pero que ahora desvelan en mayor medida la
ampliación de esa asimetría entre su verdadera naturaleza
global y el carácter todavía nacional de los mecanismos de
supervisión y gobernación.
Una de las más visibles
consecuencias de la extensión de la red es la creación de
nuevas configuraciones de poder de mercado, compatibles con
esa aproximación que comentamos en artículos anteriores al
ideal del mercado perfecto que algunas de las posibilidades
transaccionales ofrecen en el ciberespacio. Junto a la mayor
transparencia, la reducción de los costes de búsqueda o la
eliminación de las barreras a la entrada de intermediarios, la
pretensión por generar los “efectos de red” propicia la
consecución de tamaños medios de las empresas mucho mayores
que pueden derivar en situaciones próximas al monopolio, en no
pocas ocasiones auspiciadas por esa ya visible tendencia a la
formación de alianzas entre empresas, con bastante
independencia del sector en el que operan. Frente a ello, las
autoridades de defensa de la competencia siguen en la mayoría
de los países dependientes de códigos de otra época y con una
capacidad de actuación mucho más limitada que la de las
empresas a las que supervisan. El equilibrio entre el estímulo
a la innovación y la preservación del libre juego del mercado
plantea situaciones sin precedentes en el sector de las
tecnologías de la información, como bien ha demostrado el
controvertido proceso abierto contra Microsoft en EEUU y su
desenlace.
La preservación de los derechos de
propiedad es otro de los ámbitos que la red ha contribuido a
cuestionar. Las fuentes de propiedad intelectual, en
particular, cobran en la economía del conocimiento un
protagonismo sin precedentes, en la medida en que constituyen
fuentes de creación de valor mucho más relevantes que en la
vieja economía, pero su definición, regulación y defensa
requiere de actuaciones distintas, sin duda más complejas, a
las arbitradas con una proyección exclusivamente nacional. La
preservación de ese otro equilibrio, el existente entre los
derechos de los propietarios y la libertad de los usuarios,
entre creación y difusión de la información, está lejos de
encontrar soluciones unívocas y, mucho menos, válidas para
todos los países en liza. Los casos de Napster o Scour.com son
dos de los más difundidos que servirían para ilustrar esa
inconsistencia.
No menos importantes e igualmente
expresivos de esa asimetría entre la extensión de la red y su
gobernación, son los aspectos relativos a la fiscalidad de las
transacciones que se llevan a cabo en las plataformas basadas
en internet. Más allá de los defensores de la exención de
tributación de las operaciones en la red, ya sea como estímulo
a la extensión de la misma y a sus tecnologías asociadas o,
directamente, como palanca a través de la cual favorecer el
nada nuevo propósito de reducción de la presión fiscal, la
migración de un volumen creciente de comercio a la red no
facilita la identificación de los sujetos pasivos y, en no
pocos casos, del mero hecho imponible. La discusión sobre la
jurisdicción relevante es también otro de los elementos
aceleradores de ese cuestionamiento de los sistemas
tributarios, sugiriendo su tan rápida como profunda reforma,
especialmente en aquellos países en los que esa migración de
transacciones al ciberespacio está siendo más rápida.
Son estos algunos de los exponentes hasta ahora más
destacados de esa asimetría entre gobiernos y sistemas de
supervisión esencialmente concebidos para economías cerradas y
una dinámica de expansión empresarial con una proyección cada
día más global y transfronteriza. Manifestaciones de esa
brecha entre la cada día más explícita unificación del espacio
económico y la fragmentación de su gobernación. La solución no
pasa, evidentemente, por limitar las fuerzas que impulsan a la
primera de esas tendencias, sino por asumir la cada vez más
imperiosa necesidad de globalizar las posibilidades para su
supervisión y control. Ese es el verdadero reto a satisfacer
para que las amenazas asociadas al perfeccionamiento de la
dinámica de integración global al que conduce la red sigan
siendo muy inferiores a sus indudables ventajas.
Por
Emilio Ontiveros Baeza
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