EMILIO ONTIVEROS

No hubiera sido necesario esperar a conocer el resultado de la subasta de letras del Tesoro celebrada el martes pasado para concluir en el intenso deterioro que había experimentado el riesgo argentino. Un día antes de que esa licitación (820 millones de dólares a 91 días) tuviera lugar, el ministro Cavallo reclamó, al parecer, a los principales bancos establecidos en su país el cobro de una 'tasa patriótica' sobre esos fondos, inferior a ese 14,01% con que finalmente se cerró la subasta, cinco puntos porcentuales por encima de lo pagado dos semanas antes en una operación similar.

Tampoco sorprende que a tenor de ese resultado el ministro reconociera que captar dinero en esas condiciones era equivalente a no tener crédito. Se podría añadir que a ese precio tampoco hay recuperación económica que valga. La reacción del Gobierno a esa sequía de recursos financieros externos no ha sido tanto tratar de compensarla mediante la obtención de ingresos internos, sino a través de la reducción drástica de los gastos públicos (otra vez reducciones en los sueldos de los funcionarios y en las prestaciones a los pensionistas, fundamentalmente) de forma que éstos no superen a aquéllos y, de paso, absorban el déficit ya existente, del orden de 1.600 millones de dólares.

Un empeño ciertamente difícil, y poco original. Cavallo, recuérdese, volvió al ministerio en marzo tras el cese de Ricardo López Murphy, que apenas permaneció en el cargo 15 días después de que hiciera públicas sus intenciones de ajuste presupuestario, en modo alguno más drásticas que las que ahora propone su sucesor. La diferencia, además de la no poco importante del tiempo transcurrido, es que el entorno económico externo y la situación política interna en que van a tratar de concretarse esos propósitos, es bastante más adverso.

A la degradación decidida por una de las principales agencias de calificación crediticia sobre la deuda pública a largo plazo hay que añadir una mayor aversión al riesgo de los mercados emergentes por parte de la comunidad inversora internacional, amparado en las más explícitas dificultades para mantener un ritmo de crecimiento aceptable en la generación de ingresos por exportaciones. Además, esa Administración ha utilizado dos medidas de difícil reedición: la consecución en diciembre de ese paquete de apoyo financiero (por 39.700 millones de dólares) organizado por el Fondo Monetario Internacional, en el que participaron el Banco Mundial y el Gobierno español, y el megacanje de deuda pública mediante el que se diferían vencimientos de la deuda pública por 30.000 millones de dólares.

Difícil tesitura, especialmente para un Gobierno sin la cohesión suficiente en la coalición que lo sostiene y unas elecciones al Congreso en octubre; la necesaria colaboración en el ajuste presupuestario de los Gobiernos de las provincias (en poder mayoritariamente de la oposición) tampoco facilita las cosas. El problema fundamental, en todo caso, radica en la parquedad de los ingresos públicos. Si en condiciones de crecimiento normales la recaudación tributaria no supera el 17 % del PIB, tras tres años largos de recesión y una tasa de desempleo cercana al 16%, las posibilidades de saneamiento financiero exigen necesariamente agravar la debilidad económica y la conflictividad social asociada. Argentina paga ahora en exceso los costes de la única asignatura que dejó pendiente en sus planes de reforma económica tras la primera llegada, hace justamente 10 años, de Domingo Cavallo al ministerio: la ausencia de una reforma tributaria que garantizara una menor dependencia del ahorro externo. La otra rémora es un régimen cambiario que sirvió a sus propósitos antiinflacionistas hace una década, pero que tras la depreciación de las monedas de sus principales socios comerciales, se ha convertido en una trampa.

Ese país tiene, efectivamente, la misma moneda que EE UU, pero sus tipos de interés no han seguido el mismo camino que los del vecino del norte. La intensa dolarización de los pasivos (superior al 70% en el sector privado) impide considerar como viable la opción de la devaluación, pero la hoy más próxima incapacidad de generación de recursos para atender el servicio de la deuda puede terminar por hacerla inevitable.