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EMILIO
ONTIVEROS
Decía Paul Samuelson el domingo
pasado en este suplemento que no sólo EE UU, sino todo el
mundo, abordaba tras el 11 de septiembre un 'nuevo tipo de
economía de guerra', en la que a diferencia del estímulo que
supusieron las anteriores, incluida la 'guerra fría' , los
Gobiernos, no sólo el de EE UU, debían ser proactivos:
deberían adoptar estímulos suficientes para evitar la
depresión masiva. Así lo entendió la Administración
estadounidense, arrinconando buena parte de los planteamientos
reduccionistas de la participación del Gobierno en la economía
con los que George Bush llegó a la Casa Blanca. En pocos días
Gobierno y representantes en aquel país han dado un giro
radical a esos propósitos, anteponiendo la gestión del riesgo
de depresión, la evitación de la enfermedad japonesa, a
cualquier prejuicio político.
En España, nuestras autoridades
económicas no se han caracterizado por la disposición de
reflejos equivalentes. Las líneas básicas por las que debería
discurrir el proyecto de presupuestos quedaron esbozadas antes
del verano en torno a dos ejes centrales: la definición de un
cuadro macroeconómico, en el que no se anticipaba un impacto
severo sobre nuestra economía de la desaceleración ya
observable en EE UU, y la concreción de esa autorrestricción
del déficit cero para el año 2002. Este último enunciado se
convirtió en la idea fuerza de la intervención del Estado en
la economía, a pesar de las notables carencias que, tanto en
términos absolutos como en relativos, exhibe nuestro país en
dotación de capital público y en inversión en conocimiento.
Las alteraciones en el entorno
económico internacional con que nos encontramos a la vuelta
del verano, y muy especialmente tras el 11 de septiembre, no
modificaron esos postulados básicos del Gobierno. Ya no sólo
en EE UU, sino también en el seno del área euro se convino que
las amenazas eran de envergadura suficiente que justificaban
una cierta flexibilidad o reinterpretación de algunas de las
restricciones presupuestarias comunes, como las que emanan del
Pacto de Estabilidad. Es razonable que así sea. En momentos
tan excepcionales como los actuales la primera obligación de
los Gobiernos es no hacer sufrir más a los ciudadanos:
intentar neutralizar las amenazas de recesión cada vez más
próximas.
Presentado como 'plan de choque',
en el mismo momento de inicio del debate de los presupuestos,
el Gobierno español presentó un conjunto de medidas en
respuesta a 'la incertidumbre económica internacional' de cuya
naturaleza es difícil deducir esa capacidad y mucho menos esa
otra de estímulo económico. Las nuevas medidas fiscales giran
esencialmente en torno a la suavización de la tarifa del
impuesto de sociedades y a la generación de estímulos a los
planes de pensiones. Son actuaciones que, en algunos casos,
estaban previstas para años siguientes y, en todo caso,
convenientes en su intención, pero de dudosa satisfacción de
los objetivos que se les atribuye. En la más relevante, la
reducción en el impuesto de sociedades, su impacto no tendrá
lugar hasta el año 2003, cuando las empresas beneficiarias (en
modo alguno la mayoría de las españolas) formulen la
declaración del impuesto correspondiente al año anterior.
Otras, vinculadas también a ese impuesto, pero bajo la forma
de mejor tratamiento de algunos conceptos como las plusvalías
o del fondo de comercio, beneficiará fundamentalmente a las
empresas de mayor dimensión. Las medidas que afectan al IRPF o
al IVA, tampoco son precisamente de gran significación como
para que los contribuyentes españoles cambien
significativamente su propensión al consumo de la noche a la
mañana.
Si la manifestación más
inquietante de los actuales riesgos que pesan sobre la
economía española es la reducción en el ritmo de creación de
empleo y el aumento del desempleo, su neutralización debería
haber sido el principal centro de atención: Para ello, además
de reducir cargas sobre el empleo, el aumento selectivo de la
inversión pública y en la reducción de la importante brecha en
conocimiento, deberían haber sido las prioridades
fundamentales, especialmente en un entorno financiero
propicio. En su ausencia, al término de la desaceleración en
curso podremos encontrarnos con un déficit mayor al anticipado
por el Gobierno y, lo que sin duda es peor, un aumento de la
brecha en convergencia real con los países de nuestro
entorno. |