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EMILIO ONTIVEROS
Dónde se habrá informado el Fondo
Monetario Internacional (FMI) para afirmar que la cordobesa CajaSur
'es el resultado de la fusión de las seis cajas andaluzas'? En un
trabajo publicado en marzo de este año, de título más sugerente que
su contenido (Euro-Area Banking at the Crossroad, IMF Working
Paper, wp/01/28), sus autores ilustran las estrategias de los
gobiernos del área euro sobre las cajas y bancos cooperativos
diferenciando dos aproximaciones: la más radical, seguida por
Italia, consistente en la homogeneización del sector bancario
mediante la directa privatización de las cajas y dejando que
posteriormente fuera el mercado el que decidiera su ritmo de
consolidación; la otra posibilidad es la que califica como
'reorganización del sector desde dentro' mediante el estímulo de
fusiones entre esas entidades con singulares relaciones entre
propiedad y control, pero manteniendo la naturaleza segmentada del
mercado bancario. Es en esta segunda opción donde el caso español se
ilustra con el ejemplo andaluz.
No es la primera vez que el
FMI adolece del necesario rigor al hablar de las cajas de ahorro
españolas. Hace pocos años, en el informe sobre España, sorprendió a
propios y extraños destacando como una de las reformas estructurales
prioritarias que necesitaba nuestra economía la de la propiedad de
esas empresas financieras, sin que mediara fundamentación alguna
sobre esa prioridad.
En este estudio se advierte desde la
introducción, con razón, de la desigualdad en la naturaleza
institucional de las entidades bancarias que operan en el área euro:
de la importancia relativa que tienen 'las instituciones financieras
cuyas estructuras de propiedad impiden ponerlas a la venta' y se
interroga, también con razón, acerca de la posible influencia de
esta característica sobre la reconfiguración a la que está abocado
el conjunto del sistema financiero de la región. Del análisis
comparativo, país a país, de esas entidades, en particular de las
cajas frente a los bancos (con datos que se quedan en 1998), no se
deduce un comportamiento significativamente distinto en términos de
solvencia alcanzada y de rentabilidad. Cifras que traducen una
ejecutoria que se corresponde poco con las dificultades o barreras
que, según los autores del informe, pueden representar esas
instituciones en la asimilación de las nuevas plataformas
tecnológicas sobre las que descansará la interlocución comercial en
el sector bancario, en especial con los clientes de menor tamaño.
Es en las valoraciones más directamente cualitativas, sin
fundamento alguno en las cifras, donde se preciben las afirmaciones
más controvertidas, cuando no abiertamente incorrectas. Así, a la
hora de verificar la extensión de los procesos de privatización en
la eurozona, destaca la excepción española, ya que 'la participación
del sector público en el sistema bancario se ha incrementado en los
últimos quince años', debido, según el informe, al peso creciente de
las cajas de ahorro, dada la influencia de los gobiernos locales y
regionales en las mismas. Esto último es formalmente cierto, pero,
desde luego el ejemplo del que se sirven los autores, el caso
andaluz, no sólo no se ajusta a la realidad de la configuración
unitaria en torno a una caja cuyo gobierno no es precisamente del
sector público, sino que tampoco es el más adecuado para ilustrar
que la estrategia de consolidación de las cajas de ahorro es la que
han acabado imponiendo las autoridades andaluzas. |