Análisis y diagnóstico de servicios públicos

La prestación de servicios públicos municipales, tanto en su gestión directa como indirecta, puede dar lugar a posibles disfunciones que revierten negativamente tanto en el presupuesto municipal, a través de un mayor coste económico, o en la imagen de la Corporación frente a sus ciudadanos, como resultado de un deterioro en la calidad de la prestación. Especial atención exige el diagnóstico de servicios externalizados ya que el Ayuntamiento al no realizar directamente la prestación, se enfrenta a mayores dificultades para controlar la ejecución correcta y la calidad del servicio. Entre las posibles debilidades, algunas que pueden identificarse como universales son las disfunciones en la coordinación entre áreas municipales, las dificultades en la aplicación de sanciones o penalizaciones a las empresas contratadas, la forma de abordar las modificaciones de los servicios, incrementos imprevistos en el coste de la prestación, etc.

Asesoramiento jurídico a Administraciones Públicas

Toda la actividad de las Administraciones Públicas (estatal, autonómica o local), entidades de derecho público, organismos y empresas públicas quedan sujetas, a un marco jurídico general y específico de actuación. La contratación pública, la selección del personal, la contratación de bienes y servicios, la actividad económico-financiera o el desarrollo de proyectos de inversión e infraestructuras, deben llevarse a cabo en el respeto a un marco jurídico extenso y cada vez más complejo debido a la descentralización territorial y competencial de nuestro Estado Autonómico.

Afi colabora con las Administraciones, empresas y entidades públicas prestando un asesoramiento jurídico personalizado, general o por proyectos, a través de alguna de las siguientes líneas de actuación:

• Emisión de opinión jurídica puntual sobre cualquier aspecto relacionado con los ámbitos propios de la gestión pública diaria, mediante la emisión informes, notas, dictámenes o estudios.


• Asesoramiento jurídico permanente y continuo a través de una línea directa de consulta e información periódica.


• Análisis, apoyo, y cobertura legal de los proyectos públicos desarrollados por el resto de áreas de negocio de la empresa.

Diagnóstico económico-financiero de Administraciones Públicas

Los Diagnósticos de situación Económico-Financiera de una administración pública aportan un análisis de la evolución de la hacienda pública, identificando los principales problemas, fortalezas y debilidades presentados durante los últimos ejercicios y que, en su caso, condicionarán sus actuaciones futuras.

El estudio abarca los diferentes ámbitos de la actividad económica y financiera de la Administración: el presupuestario, el tributario, el financiero, el de gestión de servicios, etc.

El enfoque del diagnóstico se adapta a las exigencias del cliente. Si lo solicita la administración pública, se centra en localizar sus problemas y debilidades y en apuntar líneas de actuación para su minimización. Si la entidad demandante es una entidad financiera, el objetivo será la determinación de la calidad crediticia de la Administración Pública diagnosticada a través de los análisis de solvencia, de liquidez y financiero.

Organización y racionalización del sector público

Los procesos de traspaso competencial, la necesidad de seguir avanzando en la prestación de unos servicios de calidad, las restricciones financieras impuestas por la normativa de estabilidad presupuestaria y el ineludible papel que juegan estas Administraciones en el desarrollo económico de sus territorios a través de la promoción del tejido empresarial y el suministro de soportes válidos para su mejora competitiva, son los factores que han determinado un fuerte crecimiento del sector público autonómico dependiente (institucional, empresarial y fundacional) y una participación más dinámica en entidades públicas (consorcios) y privadas.

Este desarrollo organizativo tiene consecuencias directas en los riesgos económicos y financieros asumidos por las Administraciones públicas, así como en las necesidades de información y control que se generan en los departamentos financieros, Afi colabora con las Administraciones Públicas en proyectos que contribuyan a racionalizar el crecimiento del sector público a través de la normalización de los procesos de creación y participación en unidades institucionales, así como en el diseño de un sistema de información económico-financiera que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Afi ofrece también su apoyo en el desarrollo normativo preciso para adaptar las propuestas necesarias a través de las figuras jurídicas viables en función del nivel de gobierno de que se trate (decretos, reglamentos, etc.)

Planes de Saneamiento y de Equilibrio

La legislación española obliga a la elaboración de Planes de Saneamiento y de Equilibrio de las Administraciones Públicas. Estos documentos recogen una descripción de la situación de partida que ocasiona la necesidad de elaborar dicho Plan, así como una serie de medidas cuya puesta en práctica reconducirá dicha situación a una posición saneada y estable.

Si bien los objetivos de ambos tipos de planes son diferentes (el Plan de Saneamiento busca restablecer la autonomía financiera de las administraciones locales y, el Plan de Equilibio, la estabilidad presupuestaria de cualquier administración pública), la metodología aplicada en su elaboración es similar.

Una vez descrita la situación que lleva a la necesidad de elaborar el plan, se definen las líneas de actuación que se desarrollarán en los ejercicios siguientes (mayor eficiencia en el gasto corriente, mejoras en la capacidad de recaudación, minimización de los costes financieros, etc.). Finalmente, y sobre la base de hipótesis prudentes, se presenta una estimación cuantitativa del impacto de las medidas acordadas y una previsión de la posición final.